Page 23 - Elche en guerra 1936-1939

Introducción
Recordemos, pues, algunos ingredientes del setenta aniversario del inicio de la guerra civil en el año 2006:
A) Tiempos de “memoria histórica” y de imposible consenso
El proyecto de ley del gobierno de Rodríguez Zapatero22 se convirtió en
la pasada legislatura en uno de los ejes del debate político, como un segundo
plato de la confrontación principal centrada en el terrorismo. Con la segunda
derrota consecutiva del Partido Popular en las elecciones generales del 9 marzo
de 2008, de la memoria histórica se ha vuelto a hablar bien poco, porque la crisis económica ofrece sin duda mejores alicientes, a pesar de ser este año el de la aplicación efectiva de la ley y, por tanto, cuando las críticas podrían ser más pertinentes.23 Se vio entonces que pensar en un acuerdo entre PSOE y PP, con la
memoria histórica de por medio, era poco menos que pedir la luna. El proyecto
de ley que, como suele ocurrir en estos casos, fue criticado despiadadamente sin
haberse leído, era bastante comedido y se redactó con una enorme prudencia. Reconocía a todas las víctimas de los dos bandos de la guerra civil y a las del franquismo hasta el final de la dictadura y planteaba, como novedad fundamental,
la posibilidad de obtener una declaración de reparación cuando el daño causado a
una persona tuviera razones ideológicas. Otra cosa es la oportunidad, operatividad
o los resultados prácticos de su aplicación, pero la acusación de revanchismo 23 o de reabrir heridas era infundada. Queda por tanto ver la aplicación de la ley
pero, no obstante, lo que algunos nos tememos es que otras cuestiones no menos importantes como la preservación de nuestra documentación histórica –la que,
por poner algún ejemplo, hoy todavía se encuentra depositada en dependencias
militares, policiales o carcelarias– a la que los historiadores seguimos en muchos
casos sin tener acceso, pueda acabar desapareciendo por desidia. Y no es que
pueda ocurrir, es que así ha venido sucediendo desde el final de la dictadura:
22 “Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, firmado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia María Teresa Fernández de la Vega Sanz y elevado al Consejo de Ministros el 28 de julio de 2006. La ley fue finalmente aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007.
23 Según el Anuario Estadístico de España, nada menos que 270.719 presos en 1940, políticos en su inmensa mayoría, por lo que la cifra de sentencias a revisar podría superar ampliamente dicha cantidad, teniendo en cuenta además el más de un centenar de miles de personas ejecutadas desde 1936. ¿Es posible técnicamente tal revisión? Y lo que llama la atención es que todavía a estas alturas la documentación relacionada con los tribunales militares no se pueda consultar.